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Derecho a la protección de los datos personales en Colombia

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Derecho a la protección de los datos personales

Derecho a la protección de los datos personales

Imagínense que una persona quiere atentar contra nuestra vida, honra, imagen pública, patrimonio, nuestra empresa o nuestra libertad. ¿Qué es lo primero que necesita?: información personal.

La información personal son todos aquellos datos que una persona va dejando, como una estela de humo tras de sí, cada vez que interactúa con el mundo exterior. Cuando hace una consignación o retiro en el banco se puede saber cuánto tiene en esa cuenta, cuánto retira y en qué lugar; cuando compra ropa, electrodomésticos, aparatos tecnológicos a través de internet, se puede conocer sus preferencias comerciales o gustos; cuando utiliza sus redes sociales se puede saber su edad, amigos, los lugares que ha visitado, las personas con las que más interactúa; también sus inclinaciones, preferencias y experiencias sexuales; con su historia clínica se pueden conocer las enfermedades que ha sufrido, las malformaciones, las conductas psicológicas, los discapacidades motoras o sensibles, los datos biométricos que la identifican, etc.

Luego imaginen que toda la anterior información cualquier persona puede obtenerla libremente, almacenarla, organizarla, procesarla, transmitirla y hasta divulgarla, ¿cuánto poder tendrían sobre los titulares de esa información? Todo.

El acceso o posesión indiscriminada de datos personales genera un alto riesgo para los derechos de las personas a las que se refieren esos datos, pues facilita enormemente atentar contra su vida, su intimidad, su honra, su libertad, su patrimonio, sus preferencias sexuales, entre otros.

La protección a los datos personales en Colombia se conoce como Habeas Data (art. 15 de la Constitución Política), el cual fue regulado en un principio por la ley 1266 de 2008 en el sector financiero y comercial, y más tarde de manera integral con la ley 1581 de 2012. Este derecho puede definirse como un derecho de las personas naturales a (i) controlar la reserva o acceso autorizado a sus datos personales con un fin legítimo; (ii) a que su tratamiento, con independencia de la mayor o menor naturaleza íntima, privada o pública de los datos, se haga de manera debida conforme a parámetros de necesidad, calidad, veracidad, seguridad y confidencialidad; y  (iii) que asimismo se le otorguen facultades positivas a conocer, actualizar, rectificar y suprimir y las correspondientes mecanismos y procedimientos para hacer efectivas estas facultades.

Toda persona que recolecte datos personales de una natural tiene la obligación de garantizar este derecho, lo que se traduce, como mínimo, en recoger la información a través de una autorización previa, expresa e informada; a comunicar un aviso de privacidad y a tener unas Políticas de Tratamiento de los Datos Personales; y a registrar la base de datos respectiva,  especialmente si quien recolecta los datos es comerciante o prestador de servicios, pues la Superintendencia de Industria y Comercio se encarga de velar, a través de directrices e, incluso, mediante fuertes sanciones económicas, que este derecho se cumpla en Colombia.

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